Parece sencillo. La oferta de trabajo de cualquier administración debiera hacerse siempre a través de procesos abiertos, transparentes, objetivos. Da igual que sea para un puesto consolidado pensado para funcionario de carrera o un trabajo eventual planteado para una duración específica. Esto evitaría, al menos en buena parte, suspicacias, oscurantismos y malestares.
Parece sencillo, pero a la hora de la verdad se eligen metodologías, en algunos casos, que lo único que producen son, justamente, lo que debieran evitar, la sensación de fraude, de decisión discrecional sometida a la duda y con halo de preferencia o favor.
En Daimiel, como en la mayoría de sitios, se decidió desde siempre hacer convivir un sistema objetivo con otros en los que eligiendo discrecionalmente en origen al trabajador luego se le montaba una oposición con perfil tan definido, en función de los méritos y titulaciones de la persona que ya ocupaba el puesto, que quedaba meridianamente clara la intención final de la convocatoria. En otros casos, ni tan siquiera se recurría a ese numerito legal sino que se iba prorrogando el contrato indefinidamente y a lo largo de muchos años incluso haciendo confusa la verdadera situación del trabajador que ya todos creían funcionario de pleno derecho. Unos y otros, como ahora los cargos de confianza o asesores, no dejan de ser agraciados del dedismo político y administrativo, personas que más allá de su mucha o poca capacidad, están ahí por una simple decisión subjetiva de quienes gobernaban en cada momento, por mucho que en algunos casos hoy no se pueda cuestionar su condición de funcionarios adquirida en esa suerte de "mecagüendiez" del concurso-oposición con perfil.
Para los que no tuvieron esa suerte, y por mucho que algunos lleven más de una década trabajando en el Consistorio daimieleño, ahora se abre la posibilidad de un despido, la patada agradeciendo los servicios realizados, y que dependen también de una decisión discrecional de quienes gobiernan. Y en este punto cabría decir que de la misma forma que iniciaron su trabajo partiendo de una decisión casi arbitraria tampoco nos debe extrañar que su salida pudiera seguir el mismo mecanismo, y como tal tampoco sería más censurable que el propio ingreso.
El problema, claro, es que el trabajador tiene nombre y cara, a veces hasta afiliación ideológica, y estos son elementos que pueden influir en la decisión de salida como pudieron influir en los de entrada. De nuevo la objetividad sucumbiendo a otros factores y distorsionando lo que debiera ser la propia decisión. Pero además existen otros elementos que cuentan, y es que son precisamente esas plazas no consolidadas con funcionarios las que ofrecen opción de ser suprimidas por los recortes y dependen, de nuevo, sólo de la voluntad política conservarlas o eliminarlas.
Tengo muy claro, pues, que las posibles víctimas fueron antes, en algunos casos, que no en todos, beneficiarios de un sistema que los puso ahí sin un mérito objetivo, sin un proceso selectivo adecuado, y por tanto, en esos casos, con indemnización por medio, sólo cabe sentir la pérdida de puestos de trabajo, lamentar la situación por la que tendrán que pasar estas personas en este momento, y exigir que en adelante todo sea más transparente, objetivo, abierto, y las personas seleccionadas sean las mejores de los procesos selectivos convocados.
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