La Consejería de Educación de Castilla-La Mancha ha impuesto, sin ningún tipo de negociación, unos servicios mínimos abusivos en caso de huelga, de modo que si antes, en los centros de un o dos líneas, afectaba al director y al jefe de estudios ahora exige que casi un tercio de la plantilla de esos centros se vean obligados a acudir a trabajar en esta jornada de huelga educativa, la primera de la historia convocada por todos los sindicatos y respaldada por otras organizaciones.
La justificación, según la Junta, es garantizar los derechos de los alumnos a recibir clases, pero lo que subyace, como en otras medidas que este gobierno viene tomando, es una reducción del impacto de las huelgas o, como en el caso de las convocatorias por internet, de los movimientos sociales bordeando, si no rebasando, sus atribuciones y pervirtiendo el derecho legal a ambas. Un ramalazo abusivo que pretende desnaturalizar ese derecho consagrado por la ley.
Esto también tiene su consecuencia en la cuantificación de la huelga. Me cuentan que en un colegio de Villarrubia de los Ojos los 23 profesores habían decidido ir a la huelga y han tenido que sortear, excepto en el caso del director y el jefe deestudios, la no querida condición de formar parte de los servicios mínimos. Sin embargo ninguno de ellos será contado como profesores que secundan la huelga y eso determina que las cifras oficiales se vean falseadas por esos abusivos servicios mínimos que excluyen al 30% de los convocadas.
Me dirán, claro, que los sindicatos, a cambio, inflarán las cifras, e incluiran a todos los servicios mínimos como potenciales huelguistas a los que se les impide la huelga. Por supuesto que muchos de esos docentes no tenían voluntad de hacer huelga y que, por tanto, apropiarse de ellos para engordar las cifras resulta igual de abusivo, pero el abuso de unos no se puede justificar por el de otros.
Pero es que, además, lo que de verdad se sacrifica es un derecho imprescindible a la huelga cuando ésta se hace imprescindible ante la carencia de negociación y la imposición de medidas de recortes que prometen degradar seriamente la calidad de la enseñanza pública, con efectos que serán claramente visibles a corto pero, sobre todo, a medio y largo plazo.
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