Donde realmente vi perdido al nuevo alcalde daimieleño fue cuando trató de explicar el tema de la auditoría externa, como si, a pesar de presentar esa propuesta al Pleno, no tuviera claro el procedimiento. Por eso el debate resultó confuso. No supimos con claridad si apostaba por una auditoría externa privada, por una pública, por una interna con supervisión externa... y se le veía más preocupado por cumplir su promesa que por fijar las características de esta supervisión de cuentas.
Entiendo que desde que la planteó, como punto relevante de su programa, ha debido darse cuenta de varios factores:
Primero, que una auditoría externa por una empresa privada no es legal.
Segundo, que los mecanismos de auditar públicamente las cuentas se supone que ya se producen y eso significa que o no se fia de los auditores (Sindicatura de Centas y Tribunal de Cuentas) o cree que merecerían un tratamiento más profundo de estos del habitual puesto que hasta ahora no parecieron apreciar nada llamativo como sí a los miembros del nuevo Equipo de Gobierno.
Tercero, que el coste económico, además, es inasumible con la actual situación económica.
Creo que todas esas circunstancias propiciaron las dudas y estas se reflejaron en su argumentación. Necesita una auditoría porque la prometió y por eso fue aprobada su realización el miércoles pero el procedimiento quedó en el aire, ese cómo y por quién tan importante.
Me pareció bien que la portavoz socialista respaldase una auditoría externa de la Sindicatura de Cuentas regional o del Tribunal de Cuentas estatal. Me pareció bien también que IU plantease la ilegalidad y hasta su postura de emprender acciones oportunas si, a su juicio, no se cumpliera la ley. Estaba cantado el no si no se precisaban esos aspectos relativos a quién realizaría la auditoría y cómo se llevaría a cabo, aunque posiblemente se compartiese la idea de que sería necesario auditarlas detalladamente. Cuando menos hacer conocer a los ciudadanos cómo se han venido gastando estos dineros en Daimiel, porqué estamos en esta situación y hacer públicas las posibles irregularidades que pudieran existir. La transparencia siempre ha de ser un activo político.
Entiendo que desde que la planteó, como punto relevante de su programa, ha debido darse cuenta de varios factores:
Primero, que una auditoría externa por una empresa privada no es legal.
Segundo, que los mecanismos de auditar públicamente las cuentas se supone que ya se producen y eso significa que o no se fia de los auditores (Sindicatura de Centas y Tribunal de Cuentas) o cree que merecerían un tratamiento más profundo de estos del habitual puesto que hasta ahora no parecieron apreciar nada llamativo como sí a los miembros del nuevo Equipo de Gobierno.
Tercero, que el coste económico, además, es inasumible con la actual situación económica.
Creo que todas esas circunstancias propiciaron las dudas y estas se reflejaron en su argumentación. Necesita una auditoría porque la prometió y por eso fue aprobada su realización el miércoles pero el procedimiento quedó en el aire, ese cómo y por quién tan importante.
Me pareció bien que la portavoz socialista respaldase una auditoría externa de la Sindicatura de Cuentas regional o del Tribunal de Cuentas estatal. Me pareció bien también que IU plantease la ilegalidad y hasta su postura de emprender acciones oportunas si, a su juicio, no se cumpliera la ley. Estaba cantado el no si no se precisaban esos aspectos relativos a quién realizaría la auditoría y cómo se llevaría a cabo, aunque posiblemente se compartiese la idea de que sería necesario auditarlas detalladamente. Cuando menos hacer conocer a los ciudadanos cómo se han venido gastando estos dineros en Daimiel, porqué estamos en esta situación y hacer públicas las posibles irregularidades que pudieran existir. La transparencia siempre ha de ser un activo político.
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