UNA MEDIDA NECESARIA PERO POLÉMICA (Página nº 19)

El Gobierno ha decidido auxiliar a los Ayuntamientos creando una línea de crédito para pagar a los proveedores, a parte de ellos, dada la situación de muchos ayuntamientos que no pueden hacer frente a esos pagos. La medida, tomando en cuenta el fin, parece necesaria pero también polémica, y digo esto porque aunque los proveedores sean, en esencia, los grandes "paganos" de la mala gestión, estas medidas de socorro no parece que vayan a corregir esa mala tendencia a seguir endeudándose y más cuando no sólo no aparecen medidas punitivas contra los malgastadores sino que Papa Estado sale a salvarles el culo.

Por supuesto que creo que los proveedores tienen derecho a cobrar, ¡faltaría más!, pero esto terminará siendo un parche cuando las medidas restrictivas de endeudamiento que se fijaron para los ayuntamientos a partir del 31 de diciembre pasado muchos consistorios se las han saltado a la torera, cuando el propio Gobierno de España estuvo tentado hace un año de elevar el porcentaje de endeudamiento máximo de los ayuntamientos, cuando no existe responsabilidad jurídica de los gestores públicos por la situación en la que dejan las cuentas, salvo delitos contemplados por la ley, cuando incluso escuchamos a alcaldes decir que todavía queda margen de endeudamiento cuando ya alcanzan el 80 o 100 por cien a estas alturas.

Es fácil pensar que si te rescatan, parcialmente, ahora lo harán las próximas veces, y eso lanza un mensaje de que esta dinámica de endeudamiento puede mantenerse.

Los ayuntamientos dan servicios que no les corresponden, que debieran darlos comunidades autónomas y gobierno central, y son la mayoría de estos servicios, casi todos deficitarios, los que suman deuda. Y aunque sean posiblemente imprescindibles son también insostenibles para una economia local.

Los alcaldes y sus corporaciones pueden marcharse dejando una deuda disparatada sin que nada les suceda, incluso presumiendo de todo lo que han hecho por su localidad aunque ni ellos mismos sepan si se podrá pagar alguna vez ni cuando.

Las administraciones, la mayoría, incumplen los plazos legales para pagar a los proveedores sin que se les sancione por ello. Y si el gobierno de España y las Comunidades Autónomas están a la cabeza del impago el efecto pirámide crea el desastre.

Nada de esto parece que vaya a cambiar y por eso los 3400 millones de euros sólo serán un parche, necesario, pero un mal parche, y sólo un cambio de rumbo radical podría corregir esta recurrente deriva.