Todo lo relacionado con el embargo y devolución del Colegio Santa Illa de Madrid es un compendio del disparate encadenado. Lo cojas por donde lo cojas todo parece demencial y equivocado.
Al parecer los dueños del negocio, porque no olvidemos que un colegio privado y elitista se plantea como tal, se habían olvidado de pagar las cuotas sociales de sus empleados durante ¡veinte años! (992.263 euros) e ignorado las amenazas de embargo que recibieron durante los últimos ¡diez años! Primer disparate.
A los agentes judiciales no se les ocurre otra que ejecutar el embargo durante la propia jornada lectiva, involucrando a los alumnos que nada tenían que ver puesto que pagaban sus cuotas y sometiéndoles innecesariamente a una situación violenta y desagradable. Segundo disparate.
A los políticos les entra las ganas de notoriedad y se apuntan a tratar de influir e inmiscuirse en los procedimientos administrativos sólo para buscar relevancia pública. Tercer disparate.
La Dirección General de la Tesorería de la Seguridad Social ha admitido una orden para paralizar el proceso iniciado por ellos mismos y que no tiene precedentes porque el daño está hecho y es consecuencia de la decisión disparatada tomada anteriormente por no elegir el momento preciso para realizar el embargo y que debiera haberse producido al finalizar el curso. Cuarto disparate.
Lo he dicho varias veces, vivimos en un país chapucero donde un empresario puede estar debiendo cantidades astronómicas durante décadas, donde los políticos juegan a medrar y salir en la tele como salvadores, donde no importa someter a los alumnos a una humillación innecesaria, donde constantemente se recula en las decisiones. Un país, a veces, prototipo del llamado país de chichinabo, donde los disparates se encadenan casi con premeditación y alevosía.
(+j+)
Lo cachondo es que parecen culpar a todo el mundo menos a los dueños del colegio que no pagaban. ¡Esto es España!
ResponderEliminar