Cuando los contratos públicos de personal dependen de las decisiones discreccionales de los políticos el problema ya está creado porque serán muchos los que se sientan damnificados por esa decisión. Y en esto dará lo mismo la competencia del elegido o elegida, su capacidad, preparación, cualidades y, después, ya realizando su tarea, el trabajo aportado. Todos, ante esa situación, suelen buscar rápidamente amistades, parentescos, afinidades políticas, favores recíprocos, pero suelen enfocar especialmente en el contratado más que en el contratante, y aunque no hallaran nada muchos aún porfiarían en que algo de eso debía haber.
Esto, poner todo bajo sospecha, en principio parece muy injusto, incluso aunque proliferen los casos donde sí existiera ese tipo de conexiones. Y es injusto porque, como digo, convierte a todos en sospechosos porque sí y porque, en el caso de haber razones para la duda, criminaliza por igual al contratador que al contratado.
Por ejemplo, entiendo que si alguien viene a ofrecerme un trabajo para el que estoy cualificado profesionalmente y cuyas condiciones me son conformes debo aceptarlo. Y eso debería dirigir el objetivo de la crítica a quien decide que sea yo y no otro sin mediar más mérito que su propia decisión política u organizativa y no al trabajador que merecerá la crítica, en todo caso, en base a su desempeño profesional y no tanto por la forma de acceder.
Aún así lo lógico, lo correcto, lo necesario, es que los trabajos públicos estén sometidos a un criterio de objetividad, igualdad de oportunidades, mérito en la prueba establecida. Oposiciones libres para funcionarios o pruebas que reunan estas caractéristicas de objetividad, igualdad de oportunidades y valoración del mérito demostrado en el proceso selectivo de los que optan a contratos temporales con fecha de término. Así todo parecería más limpio, más apropiado y más justo, porque son muchos los que quieren y necesitan acceder y han de hallar las mismas facilidades o dificultades que el resto, ni más ni menos.
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Bajo la ley se han ido desarrolando todo tipo de estrategias para terminar colocando a través de concursos-oposición con perfiles muy definidos en las condiciones de acceso a los que muchas veces entraron a dedo. Será legal pero parece bastante fraudulento porque todo empieza y termina en decisiones políticas tomadas, a veces, hasta por la misma persona y con una clara intención de evitar que sean otros los que puedan acceder.
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