UN PAÍS MÁS QUE PÍCARO POCO SERIO (Página nº 270)

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU)ha desvelado un nuevo fraude muy al estilo de los que suceden en nuestro país. Se establecen normas, protocolos, ordenanzas, y sólo se cumple, y perfectamente, la parte gravosa para los usuarios mientras que el resto queda al albur por la picaresca de algunos, la informalidad de otros y, casi como siempre, el poco celo administrativo en hacer un seguimiento serio de los procedimientos y vigilar y sancionar las conductas delictivas que se producen.



Esta vez ha sido a cuenta del reciclaje de los electrodomésticos. La OCU colocó 15 localizadores de GPS en otros tantos electrodomésticos viejos que fueron depositados en distintos Puntos Limpios de la geografía española para ser, como está regulado, enviados, desde allí, a plantas de reciclado autorizadas donde se procederían a ser desmontados y separados sus componentes para que fueran tratados en la forma que regula la normativa. Sólo seis siguieron ese trayecto y fueron adecuadamente tratados, el resto acabaron en vertederos ilegales, chatarrerías no autorizadas e, incluso, en tres de los casos se cree que pueden estar en containers para ser llevadas ilegalmente al extranjero.

¿Qué parte se cumple, sin embargo? La onerosa para los ciudadanos, la jugosa para los que delinquen. Cuando compramos un electrodoméstico en la factura va incluida una tasa que pagará el proceso de reciclaje de estos productos al final de su vida útil, una tasa que no es voluntaria y que, por tanto, pagamos siempre. La parte recaudadora, pues, se cumple escrupulosamente y nadie escapa a su pago. A partir de aquí viene la trampa porque muchos de quienes cobran por recoger y trasladar estos aparatos ya inútiles entienden que les es más barato y ventajoso desprenderse de los aparatos en cualquier vertedero que cumplir la cadena de custodia a que están obligados o revender esos aparatos para sacarlos al exterior aumentando aún más sus ganancias. Este es un comportamiento muy habitual de este país nuestro pero también lo es el desentendimiento de las autoridades que formulan leyes, ordenanzas y normativas pero no cumplen con su obligación real de hacer un seguimiento serio y continuado de los procesos y, a su manera, fomentan esta picaresca desvergonzada y delictiva.

No, realmente no somos un país serio, no lo es aquel que se parapeta sobre múltiples normativas para parecer que lo tiene todo regulado y en orden y desatiende su obligación cotidiana de vigilar que se cumplan. Y esto sucede desde el plano local al nacional constantemente y con numerosos ejemplos que sólo se corrigen, y sólo a veces, tras las denuncias públicas de asociaciones o medios de información. ¡Lamentable!