¡POR FIN!... PERO CON CAUTELA, NO VAYA A SER LO QUE NO QUEREMOS QUE SEA (Página nº 1139)

Parece ser que, ¡por fin!, el Gobierno va a acometer la reforma de la Ley de Bases del Régimen Local que, entre otras cosas, pretende establecer un baremo para fijar las retribuciones de los alcaldes y el número y retribuciones de concejales liberados y que estaría en función de las características de cada localidad y el número de habitantes. Parece mentira que se haya tardado tres décadas y media en fijar una tabla objetiva para calcular las retribuciones por ley y no dejarlas al criterio de los propios beneficiarios de la retribución, algo que ha deparado miles de situaciones incomprensibles, situaciones llamativas y usos abusivos por parte de quienes tomaban tales decisiones.

Todavía es pronto, sin embargo, para echar las campanas al vuelo, y no sólo por el trámite previo, que no se aventura corto, sino porque está por ver si la buena intención inicial no deriva en sorpresas finales y termina siendo peor el remedio que la enfermedad.

Mi desconfianza, a priori, viene de varios elementos a tener en cuenta. La decisión procede de los propios políticos, algunos de los cuales proceden de la política local, y si han sido bastante generosos en decidir sus sueldos puede que el baremo que fijen peque, igualmente, de generosidad en los tramos y derive en un aumento general de los sueldos de los alcaldes de ciudades pequeñas y medianas aunque terminara moviendo a la baja los de las grandes ciudades. Por ejemplo, si el tramo es amplio y a una ciudad de 20.000 a 25.000 se le fija un sueldo de entre 35.000 y 60.000 euros brutos, será muy habitual ver como esa cantidad final asignada se aproximaría al tope máximo. O como en pueblos más pequeños, donde actualmente los alcaldes casi cobran dietas y asistencia a plenos y comisiones, sin liberación, encontrarían la excusa para fijar una media liberación o una liberación completa quizá innecesaria. Hablo, para que se entienda, de la mala praxis a partir de una regulación objetiva pero fallida si no se hace bien, y habiendo políticos por medio eso tampoco es descartable.

Puede, también, que quienes se sientan perjudicados por la medida busquen otras fuentes de ingresos. Conocemos casos como el de Barcelona, donde se han creado un ente metropolitano por el que sus miembros cobran jugosas dietas (el Alcalde suma 36.800 euros más por dos o tres reuniones mensuales, aparte de sus 110.000 euros como primer edil más dietas y otras gaitas). O las estratosféricas de Alcantarilla, Murcia, con 800 euros por hora de Junta de Gobierno a cada componente.

Incluso se abre una puerta más a la posible corrupción, extensa en nuestro país según los datos que se manejan, porque el poder de decisión de los alcaldes y sus equipos siguen pudiendo posibilitar enormes negocios y aunque la mayoría desoigan esos cantos de sirena el riesgo aumentará entre esos muchos otros de no tanta solvencia moral.

Por eso espero que se haga una ley sensata, bien planteada, que reduzca los vacíos legales, que atine, y que en lo tocante al aspecto retributivo tenga criterio, mesura, sentido común, que plantee máximos y no mínimos y que, además, ponga coto al número de libres designaciones, asesorías, formas de acceso, etc... ¿O estaré pidiendo demasiado?

Enlaces:

http://www.eleconomista.es/espana/noticias/4096350/07/12/Saenz-de-Santamaria-anuncia-una-reforma-en-la-retribucion-de-alcaldes-y-concejales.html

http://politica.elpais.com/politica/2011/11/27/actualidad/1322420989_359972.html

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