Es llamativa la respuesta de los ayuntamientos a los que se retendrá el anticipo de su participación en los tributos del Estado por no presentar la liquidación de sus presupuestos de 2010 en tiempo y forma. Estaban avisados, pero habituados a imcumplir plazos y a no formalizar obligaciones, al final vino el lobo en forma de retención y ahora se lamentan alegando que eso terminará de estrangular su precaria economía y no tendrán ni para las nóminas. Pero se ha de conocer que hay ayuntamientos que ni siquiera han presentado liquidación de ejercicios anteriores, no ya de este último, y eso es de una gravedad notable porque demuestra su incumplimiento sistemático.
Resulta también curioso que hasta llegar el ultimatum incluido en la Ley de Sostenibilidad sólo un 49% del total de los ayuntamientos cumplió el año anterior la obligación legal de presentar esas liquidaciones. Tras la llamada al orden con esa represalia económica el porcentaje se ha elevado al 88%, que hicieron prestos la tarea, pero el 12% restante haraganeó, cigarreó, como siempre, pensando que se trataba poco más que de un amago asustadizo.
Los zánganos, claro, han quedado retratados y aunque sólo es un aplazamiento hasta cumplir el trámite legal han recibido el correctivo donde más podía dolerles, en los ingresos.
Y lo que queda claro es que las administraciones, al final, no deberían exigir a los ciudadanos de a pie el cumplimiento de obligaciones cuando ellos llevan el estigma del incumplimiento general de las suyas. Carecen de autoridad moral para pedir esfuerzos a los ciudadanos que ellos, como entidad, son incapaces de hacer con su pésima gestión.
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