¿A ESTAS ALTURAS? (Página nº 1001)

En el turno de urgencias, ruegos y preguntas se comentó la situación de los empleados de una residencia y entre las quejas de estos trabajadores que expuso el concejal de IU interviniente me llamó la atención, aunque algo sabía ya de la cuestión, el hecho de que a estas alturas de nuestra democracia todavía haya personas que reciban amenazas de ser despedidos si cometen el "delito" de afiliarse a un sindicato, algo que la Constitución Española da como un derecho consagrado pero que, ya se puede ver, se pone en entredicho cuando existe una intención evidente de coartar ese derecho de forma drástica.

Ya saben los que suelen leer este blog que tengo una opinión bastante crítica con los sindicatos actuales, que censuro su afán de hacer política más que sindicalismo, que en enseñanza, por ejemplo, gastan más energías en apropiarse los éxitos y descalificar al adversario que en pelear por los docentes ( y eso que la huelga de la enseñanza para el día 22 de mayo la han convocado, esta vez, todos los sindicatos de la región) y que nunca he pertenecido como afiliado ni creo que lo haré en el futuro a ninguno de ellos. Pero eso no quita que defienda el derecho de cualquier trabajador a poder tomar su propia decisión de afiliarse o no sin ninguna traba ni coacción, y es lamentable que más de tres décadas después de votar por una constitución estas cosas sigan pasando.

Pero lo peor es que, además, la empresa mencionada, como otras que seguramente se comportan igual, reciben fondos públicos para su funcionamiento o dependen de partidas de dinero público por la función que realizan, y eso debería obligar a las administraciones pertinentes, esas que deben inspeccionar, fiscalizar y supervisar a estas empresas, a hacer que estos derechos de los trabajadores se cumplan rigurosamente o, en caso contrario, romper cualquier vínculo económico con la empresa en cuestión. Porque habrá que garantizar servicios a nuestros mayores pero exigiendo no sólo condiciones dignas para ellos sino también para los propios trabajadores que realizan allí su labor, y una empresa que coacciona el derecho a afiliarse, según lo expresado por los trabajadores a través de un concejal daimieleño, no debe recibir dinero público, el de todos, incluidos los impuestos que paguen esos trabajadores coaccionados.

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