QUEJAS Y AMENAZAS (Página nº 113)

Andas los farmaceúticos colocando carteles en sus establecimientos en los que amenazan con no dispensar medicamentos alegando que la administración, Junta de Castilla-La Mancha, no les paga y que, sorpréndanse, ya acumula retrasos de 90 días. ¡Quién los pillara!, como me contaba un familiar la anécdota de su jefe, ya con noventa y muchos años. Resulta que el establecimiento en cuestión tenía un escalón de acceso algo elevado y un cliente, quejoso, dijo un día: ¡vaya escaloncito, jefe, para alguien como yo, con noventa y un año!, a lo que el jefe en cuestión, raudo, contestó ese ¡hombre, quién los pillara!.

Sí, porque un retraso de noventa días, con ser mucho, queda lejísimos de los muchos meses y hasta años que algunos están esperando para cobrar de la Junta de Comunidades y no hablamos sólo de empresarios privados sino de organismos públicos.

Pero los farmaceúticos, incluso a riesgo de igualarlos a todos aunque conozca la enorme diferencia de facturación entre algunas farmacias y otras según donde se localicen, amenazan con cerrar sus establecimientos y negarse a vender los medicamentos demandados partiendo de una situación, creo, que privilegiada y que, a mi modo de ver, no justifica la medida.

Lo primero de todo es que la farmacia parte de una concesión administrativa, de por vida y heredable, limitada en número y cuya rentabilidad no parece en cuestión vistas las cantidades que se desembolsan en esa compraventa de derechos. Si incumplen el objetivo de la concesión creería hasta justo que la administración retirase dicha concesión administrativa y más cuando se pretende tomar a los ciudadanos enfermos como rehenes de sus reivindicaciones negándose a dar unos medicamentos a personas que están pagando con sus cotizaciones e impuestos un servicio así.

Por supuesto que tienen derecho a cobrar, ¡faltaría más!, como todos, ni antes ni después, pero sin amenazas de ningún tipo. Ellos han sido, precisamente, los grandes beneficiados durante años no sólo de la forma de funcionar, a través de cooperativas propias, sino que se han llevado el grueso, junto a las farmaceúticas, de esa febril y abusiva dispensa de recetas para todo en la que se ha convertido la cultura sanitaria en España y que nos coloca como el segundo país del mundo en consumo de medicamentos y sólo detrás de EEUU que, no lo olvidemos, tiene site veces más población.

Lo grave, nuevamente, es que las administraciones, la de Barreda en este caso, ha llevado adelante una gestión tan pésima, tan desproporcionada y fuera de control, que ha terminado llenando de impagados a todo quisque, y los farmaceúticos, a salvo siempre de estos vaivenes, acaban de caerse del guindo por noventa días y han reaccionado fatal, amenazando a los únicos no culpables, los enfermos que requieren de tratamientos farmaceúticos que han de ser garantizados.