Esto lo he encontrado en el Blog de Fernando Álvarez Ruano y, otra vez con Finlandia como referente ético, nos hace reflexionar sobre el modelo español y la propensión a la corrupción al compararlo con el del país considerado menos corrupto:
Finlandia ha sido reconocida internacionalmente como la
nación menos corrupta del planeta, una parte de ese logro recae en la estricta
moralidad imperante en el país, a pesar de ello, y para facilitar la
transparencia, también cuenta con un conjunto de principios enfocados a evitar
el abuso de poder y que son insólitos en la cultura española. Esta es la manera
con la que Finlandia lucha contra la corrupción:
PRIMERO: En Finlandia cualquier compra que realicen las
Administraciones Públicas, desde un edificio hasta un bolígrafo, ha de estar
ejecutada a precios de mercado e incluir, necesariamente, tres ofertas de
proveedores distintos, para poder elegir la más baja. No es legal, admisible ni
justificable el pago de 100 euros por un cartucho de impresora o de 1000 por
una silla aunque las facturas sean correctas. Ejemplos ambos acaecidos en
España y que la justicia no pudo castigar.
SEGUNDO: Principio de transparencia total de las
Administraciones públicas. Cualquier decisión tomada por un funcionario público
dentro del desempeño de su profesión (excepto las relacionadas con la
seguridad) puede ser conocida por el resto de ciudadanos. Nadie puede negarse a
satisfacer las necesidades de información no solo de los periodistas sino de
los votantes. Debido a ello actuaciones contra esa norma (como ésta) son no
solo contrarias a la ética sino ilegales.
TERCERO: Principio de transparencia total en las cuentas de
los ciudadanos. Los fineses pueden saber cuales son los ingresos declarados de
todos los residentes en el país, ya se trate de una persona que cobre el
desempleo, del artista de mayor éxito de la nación o del CEO de Nokia.
El equivalente peninsular permitiría conocer las cuentas no
solo empresariales sino personales de Emilio Botín, Arturo Pérez Reverte,
Felipe González, José María Aznar, Adolfo Domínguez o cada uno de los vecinos
de Madrid.
CUARTO: Ausencia de alcaldes: El gobierno de los municipios
en Finlandia recae en “City managers”, es decir, en funcionarios públicos con
experiencia en la administración de entidades de esa índole. Así pues el
ciudadano puede distinguir con claridad que la persona al mando es alguien
supeditado a los votantes y que puede ser despedido o reemplazado por el
Consejo municipal (el órgano elegido en las urnas y que ostenta la soberanía
popular). Helsinki es la excepción a este modelo.
QUINTO: Ausencia de cargos de designación política: En
Finlandia los secretarios de Estado son funcionarios de carrera que alcanzan el
puesto superando pruebas objetivas en lugar de por designación partitocrática.
En 2005 se realiza una remodelación del sistema para permitir a las
organizaciones políticas el poder elegir a los Secretarios de Estado, aun así
muchos de ellos siguen siendo en la actualidad trabajadores públicos ascendidos
por méritos propios.
SEXTO: Estructura de poder colegiada: La corrupción se
extiende con mayor facilidad cuando el poder se concentra solo en un individuo,
es por ello que en Finlandia se promueve la toma de decisiones mediante el
debate y el consenso. Al igual que el órgano político principal de las ciudades
es la Asamblea popular (el alcalde solo es un trabajador público) el Consejo de
ministros tiene mayor capacidad de poder que el Presidente de la República.
SÉPTIMO: Principio de acceso libre al poder. La posibilidad
de convertirse en un miembro de alto rango de la administración y los
ministerios fineses no recae en una élite intelectual formada en Instituciones
de enseñanza concretas (como en Francia) tampoco en personas que puedan atraer
la inversión de diferentes empresas para sufragar sus campañas (ejemplo de
Estados Unidos) o en ciudadanos adscritos a organizaciones políticas que
ascienden por los méritos internos dentro de su partido (caso español). En
Finlandia los puestos son cubiertos por funcionarios públicos (siguiendo un
baremo meritocrático) y cuya carrera está abierta a todos los fineses. El país
evita, por tanto, tener que acudir a un modelo como el de España dónde los
cargos de libre designación del gobierno (elegidos ideológicamente) reciben
200.488 euros anuales y se multiplican de manera oscura por todas las
administraciones.
OCTAVO: Principio de proporcionalidad en el castigo. La
cuantía de las multas por violar las normas suele ser proporcional a los
ingresos de los individuos y las empresas. En 2001 Anssi Vanjoki, alto
ejecutivo de Nokia, fue considerado culpable de conducción temeraria por romper
los límites de velocidad a los mandos de su Harley Davidson imponiéndosele por
ello una multa por el equivalente a 104.000 dólares de la época. Este principio
de proporcionalidad en el castigo, junto a la marca social que lleva el estar
envuelto en un caso de corrupción, actúa de forma extremadamente disuasoria
ante posibles tentaciones para cruzar el límite de la legalidad.
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Igualico igualico que aquí.
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