Me da que el Partido Popular lleva camino de reeditar más que el triunfo la estrategia de prometer cosas que capten el voto aunque después vuelvan a olvidar cumplirlas si llegan a tener oportunidad. Basta escuchar como fuera de programa ahora prometen que van a hacer que los diputados y senadores no puedan tener otra ocupación remunerada. Tantos años gobernando y permitiendo esas compatibilidades y ahora, con el escándalo recién surgido de Pedro Gómez de la Serna y Gustavo de Arístegui, les viene la conciencia y exponen que van a acabar con ese binomio público-privado que tienen muchos de los cargos electos de distintos partidos. La medida suena a forzada, poco creíble, con claro carácter oportunista y seguro que, llegado el caso improbable de hacerlo, dotada de los mecanismos para habilitar excepciones que terminarán siendo el coladero de la mayoría, como ocurre ahora. O esa añadida de que haya incompatibilidad de cargos públicos que permite alcaldes-senadores u otro tipo de combinaciones tan utilizadas por los partidos para multiplicar la presencia de algunos de sus miembros en varias administraciones, que contarían con el beneplácito general pero que tienen un tufo electoralista dado que se la han sacado en el último momento al ritmo que marcan los sondeos.
Pero con lo que no estoy de acuerdo es con la injusticia y menos utilizado para fidelizar el voto. Esa medida que implica dejar exentos de pagar IRPF a quienes prolonguen la vida laboral y pospongan su jubilación me parece una tomadura de pelo, una falta de respeto a los trabajadores y una medida que aparenta más de lo que es porque termina favoreciendo a un colectivo que no necesita esa ventaja. El IRPF no debe ser otra cosa que un impuesto progresivo que recaiga sobre todos, y digo todos, los que trabajan. Sí, he dicho progresivo, y sí, digo universal.
Me parece bien que prolongar la vida laboral se haga desde una horquilla de tiempo más flexible y que quienes deseen seguir trabajando unos años más puedan hacerlo si es su deseo. O que aquellas personas que han cotizado lo exigido puedan adelantar su jubilación, llegado el caso. Entiendo que una decisión voluntaria es mejor que una obligada porque conozco casos de gente forzada a jubilarse y abocada a una situación no querida que les ha colocado en una situación compleja, a veces con consecuencias negativas para su estabilidad emocional. Pero de ahí a premiar esa decisión con una exención de ese calibre ya me parece un gesto obsceno, electoralista y, vuelvo a decirlo, profundamente injusto. Y eso que ya voy acercándome a edades en las que terminaría siendo beneficiario de esa decisión. Pero lo que no es justo no va a dejar de serlo por el simple hecho de convenirme.
Lo más llamativo es que la medida la presenta el partido que, al menos en mi oficio, ha forzado la jubilación sin contemplaciones a quienes cumplían los sesenta y cinco años y contra la voluntad de algunos que habían elevado sus peticiones de, al menos, poder terminar el curso para afectar lo menos posible a sus alumnos. Es decir, que quienes modificaron la situación al gobernar para evitar prolongar la edad de jubilación forzosa ahora, recién iniciada la campaña, se postulan con una medida totalmente opuesta y con "regalito" electoral, aunque en estos cuatro últimos años hayan largado a miles de trabajadores que querían poder seguir trabajando un poco más, sin exenciones de IRPF ni otras "vituallas" interesadas. ¿Cómo se come esto?
Es incomible, claro, por tramposo, injusto, discriminatorio e interesado. Una vergüenza.
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