DERECHO A SER PROTEGIDOS, DERECHO A QUE SE NOS PROTEJA (Página nº 3559)

Antes que otra cosa me gustaría decir que estoy a favor de que exista una legislación que ampare al menor de edad, a que las leyes protejan a los menores en posición de vulnerabilidad y hasta de sí mismos, como ocurre en ocasiones, pero entiendo que también el resto debemos ser amparados por la ley frente a los excesos de los menores y entiendo que el espíritu de la ley también va por ahí.

 

¿Entonces?

 

Como suele ocurrir en nuestro país las cosas fallan cuando se destacan los aspectos más interesados y destaca, en este caso, la supuesta impunidad penal de los menores ante sus acciones, sobre todo cuando éstas no parecen proceder de la propia situación de vulnerabilidad sino de esa sensación de poder trascender la ley.

 

El problema es que planteamos los juzgados como la referencia fundamental para evaluar la ley y olvidamos que por el camino va quedando la suma de muchos errores e inacciones que, sin duda, de no producirse reducirían y mucho la incidencia de casos que terminan alarmando a la sociedad.

 

¡Ojo!, entiendo que toda acción debe tener una respuesta pero si atendemos a estos menores que se ven involucrados o son parte activa de delitos en la mayoría hay un perfil de familias desestructuradas, absentismo escolar, carencia de valores, rechazo social, ausencia de inteligencia emocional, sentido de pertenencia a clan, etc... y en la inmensa mayoría de casos hay un rastro desde mínimas edades que se van dejando pasar, sobre lo que no se actúa, hasta llegar a una situación insostenible y ya no sé si irreversible en muchas situaciones.

 

Los ayuntamientos, desde los servicios sociales, conocen las situaciones de vulnerabilidad de esos menores, la desectruturación del núcleo familiar, y mientras no se trabaje sobre parámetros correctores en ese ámbito difícilmente parará esta maquinaria que produce niños y niñas en riesgo de exclusión y por tanto alimentando esa vertiente marginal. También se conoce el absentismo escolar, pero incluso cuando se pretende actuar muchas veces se choca con la rigidez judicial de modo que el modelo corrector tiende al fracaso. Y se llega a una carencia de valores, a sentirse fuera del sistema pero acomodados a sus agujeros, porque de nuevo no hay los medios suficientes para trabajar con estos grupos que terminan por ser socializados por iguales aunque de mayor edad y llevados a situaciones anormales pero que terminan por normalizarse y que forman un modo de actuar donde la comisión de faltas, la realización de hurtos o los delitos acaban por ser habituales, aún más cuando ellos mismos se sienten a salvo, impunes, aunque realmente no lo estén. Para entonces ya es casi tarde, primero porque es difícil corregir lo no hecho en los muchos años anteriores; segundo, porque la sociedad ya no ve menores sino chavales conscientes de lo que están haciendo aunque por edad legal esa responsabilidad parezca diluida. Ya lo más fácil es que sigan una senda complicada, marginal, de complicado retorno.

 

Nos fijamos en la etapa final, desgraciadamente, cuando han fracasado los sistemas de control previo, los verdaderamente importantes para, de verdad, proteger a los menores de su situación y de sí mismos, para ser eficaces en la prevención. Por eso, en la etapa final, nos interesa ya más sentirnos protegidos de ellos, sentirnos a salvo de sus acciones, porque el fracaso social está consumado.

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