Leo hoy en la prensa que el obispo de Mallorca ha sido llamado a Roma para dar explicaciones sobre su comportamiento por haber roto el celibato, aunque el obispado niega tal cosa y explica que ha viajado al Vaticano por otros temas de tipo patrimonial. Lo cierto es que, cuanta el medio, la denuncia fue presentada en su momento por el marido engañado incorporando grabaciones de llamadas y fotos obtenidas por una agencia de detectives por él contratada.
El caso es que el escándalo está servido y la decisión puede conocerse en unas semanas y ante este hecho, u otros, sucedidos no solo en el ámbito de la Iglesia sino en otros donde los implicados están bajo decisión disciplinaria superior cabe reflexionar algunas cosas.
En principio debe quedar claro que el comportamiento de uno o varios individuos, por sí mismo, no ha de servir para cargarlo sobre el colectivo. No es justo que comportamientos individuales sirvan para castigar a un colectivo generalizando comportamientos que pueden ser excepción. Un político corrupto,un cura pederasta, o un maestro o un médico abusadores, un juez prevaricador, un policía criminal, un notario falsificador, etc..., incluso cuando se dan en más de un caso, no son necesariamente índice del colectivo y han de responder solo por sus actos individuales. Creo que eso está claro. En el caso de este obispo denunciado por romper el celibato y mantener relaciones continuadas con una mujer casada, según los medios que se hacen eco de la noticia, solo es atribuible a él lo realizado aunque sepa de antemano que por su relevancia dañará injustamente a su colectivo y quedará expuesto por quedar de manifiesto que su comportamiento va contra lo que representa y por tanto contra la naturaleza ejemplarizante que debería guiarle.
Pero en el párrafo anterior inicié con un "en principio" y eso se debe a que hay que distinguir lo que ocurre después. Si la institución, conocido el caso, actúa de modo honesto facilitando que se conozca la verdad y no ocultando la información, si muestra una voluntad de atajar las conductas de modo ejemplar y no vulnera, con el silencio o la inacción, el natural castigo disciplinario, entonces dicha institución no debe ser señalada. Pero si incurre en el error de salvaguardar las conductas, de taparlas, de enmascarar, negar o encubrir esos actos entonces la institución facilitará que las generalizaciones se extiendan encontrando cierto motivo y ya no será solo el acto individual del individuo sino otra cosa bastante peor, como por ejemplo, lo que sucedió en otros momentos con la Iglesia cuando las primeras denuncias por pederastia y que eran permanentemente desoídas por la jerarquía o cuando los partidos salían en tromba a amparar a sus chorizos corruptos negando la mayor, sin entender que eso les hacía tan responsables del daño como si lo hubieran hecho ellos mismos y, de esa manera, destrozaban de paso la imagen del propio colectivo al mostrarse permisivos o indulgentes con los miembros de su colectivo que habían tenido un comportamiento deleznable y delictivo.
En ese ámbito es normal reconocer el descrédito de esos colectivos, sean instituciones religiosas, partidos políticos, colectivos policiales, jurídicos, sanitarios, educativos. Y por ello urgente aceptar que ante cada caso lo único que conviene es actuar con prontitud, colaboración con la justicia, contundencia si se demuestra lo hecho, porque la gente percibirá que esas instituciones están del lado de la verdad, de la honestidad, de la dignidad y la conciencia del deber y que quien la hace la debe pagar responsabilizándose de su comportamiento. Desgraciadamente aún no es así en muchos casos y la lealtad mal entendida o tratar de evitar que salpique ampara comportamientos de complicidad que terminan volviéndose contra ellos.
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